La ONG Alianza por la Solidaridad-ActionAid exige a los ayuntamientos andaluces de Palos de la Frontera (Huelva) y Níjar (Almería), que cumplan con la ley y permitan el empadronamiento de todas las personas migrantes que residen en estos municipios, independientemente de la titularidad de sus viviendas o sus condiciones físicas. Con motivo del próximo 18 de diciembre, Día de las personas migrantes, ha puesto en marcha una campaña de recogida de firmas y la difusión del documental Vecinas, vivas donde vivas que cuenta esta problemática en la voz de mujeres migrantes que viven en los asentamientos.
Según la resolución publicada en el BOE en abril de 2020 determinó la Ley 39/2015, de 1 de octubre, sobre Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, debe permitir el padrón “en todo tipo de domicilios, incluyendo infraviviendas como cuevas y chabolas”. En concreto, en el apartado del empadronamiento en infraviviendas y de personas sin domicilio se precisa que “el padrón debe reflejar el domicilio donde realmente vive cada vecino de un municipio” y añade que eso es “completamente independiente de las controversias jurídico-privadas sobre la titularidad de la vivienda” y también lo es de las circunstancias “físicas, higiénico-sanitarias o de otra índole que afecten al domicilio”. En consecuencia, las infraviviendas de asentamientos como las que hay en los poblados chabolistas de Atochares (Níjar) o de Palos de la Frontera “pueden y deben figurar como domicilios válidos”, según la ley. Sin embargo, esta Ley está siendo sistemáticamente incumplida tal y como ha podido comprobar Alianza-ActionAid.
El empadronamiento es un trámite que en el caso de las personas migrantes en situación irregular, es uno de los requisitos imprescindibles para poder probar su estancia durante tres años en España y, así, conseguir los papeles de residencia, que no se conceden sin un informe de arraigo y un contrato de trabajo.
Además, la ONG a través de la investigación “Vecinas, vivas donde vivas”, ha podido enumerar otros derechos fundamentales que están siendo vulnerados por las trabas y la falta de este documento, como pueden ser el derecho a votar, solicitar prestaciones sociales, tener atención médica con la tarjeta sanitaria verde en Andalucía, pedir una plaza en escuelas infantiles y solicitar o renovar un DNI y/o pasaporte, entre otros derechos.
Los consistorios donde se ha llevado a cabo esta investigación, ponen numerosas trabas a las personas que quieren realizar este procedimiento, público y gratuito, lo que conlleva graves consecuencias y el incumplimiento de los derechos de las personas migrantes. Alianza-ActionAid ha constatado que no sólo hay una total falta de información adaptada a sus circunstancias y barreras idiomáticas en las oficinas públicas donde se realizan los trámites, sino que se les exige una documentación que no figura en la normativa o se les obliga a pedir citas previas que no llegan nunca a materializarse.
La investigación realizada ha constatado también una serie de “malas prácticas” como por ejemplo que una vez entregada la documentación no reciben un resguardo que permita hacer seguimiento del proceso o una reclamación en el caso de no recibir la respuesta en un tiempo máximo de tres meses, como dicta la ley. O no permitirles llevarse los papeles impresos a casa, para rellenarlos posteriormente en el caso de no conocer muy bien el idioma.
En este sentido, la organización denuncia que se están vulnerando derechos básicos, como el acceso a la sanidad y a la educación obligatoria de niñas y niños o la atención desde servicios sociales para obtener orientación en formación, empleo, acceso a una vivienda o alimentación. Para Ana Gómez, coordinadora de Alianza en Andalucía, “podemos considerar esto como una forma de violencia institucional cuyas víctimas son invisibilizadas al no ser reconocida su existencia”.
Asimismo, Gómez señala que “la Junta de Andalucía debe presionar a los ayuntamientos para que se garantice que cumplen con la normativa existente, dado que se trata de una competencia local”. Una demanda que se realiza también desde otras organizaciones. Cabe señalar, que la denegación de este servicio, de forma totalmente discriminatoria, está fomentando un comercio ilegal, dado que las personas afectadas se ven abocadas a pagar entre 300 y 1.500 euros por conseguir el documento del padrón al que tienen derecho.
Nora Elhaimer, joven marroquí que participa en el corto-documental “Vecinas. Vivas donde vivas” de Alianza ActionAid, quien reside en el asentamiento de San Isidro (Níjar) denuncia que “el empadronamiento es fundamental para todos los migrantes. A nosotros no nos gusta vivir aquí, bajo los plásticos, pero no conseguimos un trabajo continuo y no podemos pagar un alquiler, la luz, el agua. Con papeles si encontraremos un trabajo digno para vivir como todo”.
El documental ha sido producido por Entre Fronteras y apoyado con la financiación de la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo.
.
